Cada fin de semana sucede lo mismo: hay jornada de fútbol y, con ella, miles de usuarios en España ven cómo determinados servicios dejan de funcionar sin previo aviso. Páginas inaccesibles, aplicaciones que fallan, dispositivos de domótica que no responden e incluso pequeños negocios que pierden clientes por culpa de interrupciones inesperadas. Lo que comenzó como una estrategia antipiratería impulsada por LaLiga y Telefónica ha terminado generando un problema de alcance europeo. Tanto es así que la propia Comisión Europea ya reconoce oficialmente las quejas por los bloqueos de Internet en España, describiéndolos como excesivos y desproporcionados.

El informe europeo señala que las órdenes de bloqueo —que afectan a dominios, direcciones IP e incluso bloqueos dinámicos en tiempo real— deberían ser “estrictamente selectivas”, garantizando que no interfieran en el acceso legal a servicios legítimos. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Durante las jornadas de fútbol se producen interrupciones que bloquean plataformas completamente legales, afectando desde soluciones empresariales hasta dispositivos domésticos conectados a la nube. Se han documentado casos en los que usuarios ni siquiera podían abrir su garaje o la puerta de su casa porque los servicios asociados estaban alojados en IP de Cloudflare temporalmente bloqueadas.

Bloqueos de Internet en España: la UE señala a LaLiga y Telefónica

A pesar de estas evidencias, LaLiga asegura que los incidentes son “muy reducidos” y que su sistema incorpora suficientes salvaguardas. Pero los usuarios opinan lo contrario, y el creciente uso de VPN durante los fines de semana demuestra que hay un problema real: los ciudadanos evitan los bloqueos como pueden, aunque no tengan el más mínimo interés en el fútbol español.

Más llamativa aún es la postura del Gobierno de España, que afirma no haber recibido quejas formales que demuestren sobrebloqueos. Una postura difícil de sostener cuando la Comisión Europea confirma que sí hay denuncias. La desconexión entre ambas instituciones deja entrever que esta situación tardará en resolverse.

Como respuesta, LaLiga ha ido un paso más allá y pide una normativa europea que amplíe el alcance de los bloqueos, hasta el punto de incluir a servicios de hosting, VPN, CDN, proxys y cualquier infraestructura en la nube que pueda impedir rastrear una transmisión no autorizada. Esta propuesta, sin embargo, chocaría frontalmente con la neutralidad de la red, la Directiva de Comercio Electrónico y diversos principios fundamentales de la Unión Europea. Pretender bloquear VPN o servicios cifrados sin orden judicial no solo es inviable: sería ilegal.

El debate está lejos de cerrarse. Lo que sí está claro es que los bloqueos de Internet en España han dejado de ser un problema doméstico para convertirse en un asunto europeo. Y el futuro de la regulación digital en la UE podría verse profundamente afectado por este conflicto entre la protección de derechos audiovisuales y la libertad de acceso a Internet.