La reciente crisis energética vivida en la península Ibérica ha encendido las alarmas entre expertos e instituciones. Aunque el restablecimiento del suministro fue rápido y eficaz, lo cierto es que el apagón del pasado lunes ha dejado al descubierto una realidad preocupante: el riesgo de apagón en España es más alto de lo que se pensaba, y no se trata de un caso aislado, sino de una consecuencia lógica de un sistema en transición, con carencias estructurales aún no resueltas.
El sistema eléctrico español se encuentra en una fase de transformación profunda. El auge de las energías renovables, especialmente la solar y la eólica, ha supuesto un avance indiscutible en términos de sostenibilidad, pero también ha generado desequilibrios. Como explica Julio Amador, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, la falta de almacenamiento energético a gran escala y de interconexiones sólidas con el resto de Europa convierte a la red en un sistema frágil, especialmente vulnerable a perturbaciones imprevistas.
¿Qué provocó el apagón y por qué puede repetirse de nuevo en España?
Aunque desde Red Eléctrica se descarta un ciberataque, las causas exactas del fallo aún no están del todo claras. Todo apunta a una pérdida repentina de generación, posiblemente solar, que desencadenó una cascada de eventos que en apenas cinco segundos desconectó 15 GW de potencia, dejando sin luz a millones de ciudadanos.
Mario Sánchez-Herrero, profesor de la Universidad Complutense, advierte que mientras no se identifiquen y subsanen las causas estructurales, “el apagón podrá repetirse tantas veces como se reproduzca el motivo que lo provocó”. Este tipo de fenómenos, conocidos como cero energético, no solo afectan a la ciudadanía, sino que también dañan la imagen de fiabilidad del país en el exterior, comprometiendo decisiones de inversión empresarial, especialmente en sectores como el de los centros de datos, altamente dependientes de la estabilidad energética.
¿Cuál es la solución y cuán factible es?
Aumentar la capacidad de almacenamiento eléctrico y fortalecer las interconexiones con Europa son los dos pilares fundamentales para prevenir futuros apagones. Sin embargo, estas soluciones requieren tiempo, inversión y consensos políticos y sociales. Proyectos como los corredores energéticos por el litoral atlántico y mediterráneo avanzan lentamente debido a su elevado coste y a los impactos ambientales asociados.
El Gobierno ha prometido llegar hasta el fondo de la cuestión, con la creación de una comisión de investigación del Consejo de Seguridad Nacional y el compromiso de acometer reformas. Pero los expertos coinciden en que lo urgente no debe postergarse: la transformación energética no puede continuar sin garantizar simultáneamente la resiliencia del sistema.
Además del impacto social, el coste económico del apagón ha sido cuantificado por la CEOE en torno a 1.600 millones de euros, lo que equivale al 0,1% del PIB. Aunque esta cifra puede parecer moderada en comparación con otras crisis recientes, como la pandemia, sus implicaciones a largo plazo en términos de confianza internacional pueden ser más relevantes.
España necesita demostrar que su modelo energético, basado en renovables, no solo es limpio y competitivo, sino también seguro. De lo contrario, el riesgo de apagón en España seguirá siendo una amenaza latente para su desarrollo económico y su transición energética.
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