El pulso entre Google y la Unión Europea ha alcanzado un nuevo punto crítico. La apelación del gigante tecnológico contra una sanción récord de 4.1 mil millones de euros ha recibido un revés contundente tras la opinión del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott, quien ha respaldado la legalidad de la multa impuesta por la Comisión Europea en 2018. Aunque la opinión no es vinculante, tradicionalmente la corte la respalda en sus fallos definitivos.
Google pierde terreno en su apelación por la multa de 4.1 mil millones en la UE
El caso gira en torno al dominio que Google ejerce sobre el ecosistema Android. La Comisión encontró que la empresa utilizó su posición dominante para imponer condiciones a los fabricantes de móviles, como la preinstalación obligatoria de su buscador y navegador Chrome para acceder al Play Store. Además, ofrecía incentivos financieros a ciertos fabricantes a cambio de exclusividad y vetaba versiones alternativas de Android no aprobadas por la compañía.
Estas prácticas, según la Comisión, no solo distorsionaban la competencia, sino que también reforzaban el monopolio de Google en el mercado de búsquedas móviles, limitando la innovación y reduciendo la libertad de elección de los consumidores.
Google, por su parte, sostiene que su éxito se debe a la innovación y a la calidad de sus servicios, no a tácticas anticompetitivas. La empresa ha expresado su decepción con el dictamen del Abogado General, advirtiendo que si se confirma la multa, podría desalentar la inversión tecnológica y afectar negativamente a los usuarios de Android.
El caso no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva más amplia de Bruselas contra los excesos de las grandes tecnológicas, reflejada también en el reciente despliegue del Digital Markets Act. Esta normativa ha intensificado la vigilancia sobre empresas como Google, que ahora enfrentan acusaciones adicionales de prácticas desleales al favorecer sus propios servicios en detrimento de competidores.
Conclusiones
El fallo final del Tribunal de Justicia de la UE podría sentar un precedente decisivo. De confirmarse la sanción, se consolidará una postura firme del bloque frente a los abusos de poder de las grandes plataformas tecnológicas. Más allá del importe económico, lo que está en juego es el modelo de negocio que ha sostenido la expansión de Android en los últimos años. Un cambio de rumbo forzado por la justicia europea podría obligar a Google a reconfigurar las condiciones con fabricantes y desarrolladores, abriendo un nuevo capítulo en la regulación digital global.
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