Francia acaba de aprobar la propuesta inicial de una medida fiscal que ha sembrado el pánico entre jugadores, plataformas de streaming y usuarios de internet. El proyecto plantea un nuevo impuesto de 0,055 euros por cada gigabyte de tráfico en la red, una tasa directa sobre la descarga de datos que amenaza con encarecer drásticamente el consumo de contenidos digitales masivos.
Aunque el texto aún no se ha convertido en ley definitiva y debe superar los trámites legislativos restantes en el Parlamento francés, el impacto económico que tendría sobre la industria del videojuego y las plataformas de entrenamiento es brutal.
¿Cuánto costará descargar un juego o ver series si se aprueba la tasa?
Para entender la magnitud de esta propuesta fiscal, basta con hacer números sobre lo que cuánto ocupa cualquier gran lanzamiento moderno en el almacenamiento de tu consola o PC:
- Descargar GTA VI (aprox. 218 GB): La descarga de la esperadísima obra de Rockstar supondría un sobrecoste de unos 12 euros solo en impuestos, sumados al precio base del juego.
- Plataformas de streaming (Netflix, YouTube, Prime Video): El consumo continuado de vídeo en alta definición o resolución 4K (que devora decenas de gigabytes por hora) dispararía las facturas mensuales de los usuarios o forzaría a las plataformas a subir el precio de sus suscripciones.
- Grandes parches y actualizaciones de PC / Consola: Descargar actualizaciones habituales de 30 GB o 50 GB en títulos como Call of Duty o Fortnite implicaría pagar varios euros extra en impuestos cada vez que el juego se ponga al día.
Una medida polémica que aún debe cruzar el Parlamento
El objetivo declarado de esta propuesta es gravar el uso intensivo de las infraestructuras de telecomunicaciones por parte de las grandes tecnológicas y los usuarios de alto consumo. Sin embargo, asociaciones de consumidores y la propia industria del videojuego ya han puesto el grito en el cielo, señalando que la medida penaliza de forma injusta el formato digital y el acceso libre a internet.
Por ahora, la iniciativa sigue su curso en el proceso legislativo galo y podría sufrir modificaciones o ser tumbada en las votaciones finales antes de su hipotética entrada en vigor.
